Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego de la derrota del gobierno de Milei, que tuvo que tirar atrás la nefasta #LeyÓmnibus por el gran repudio popular, un grupo de cinco diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto al Congreso para derogar la ley 27.610 de Aborto Legal, Seguro y Gratuito que conquistamos en las calles con la #MareaVerde en 2020. El proyecto de ley de LLA no sólo quiere atacar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que busca retroceder más de cien años, planteando la derogación de la despenalización del aborto no punible que existe en nuestro país en el Código Penal desde 1921, o sea las causales como puede ser un caso de violación. Son los verdaderos dinosaurios. Este proyecto muestra que con la ultraderecha en el gobierno la libertad de decidir para las mujeres y disidencias no avanza. El proyecto es una verdadera provocación que vuelve a mostrar que el gobierno de ultraderecha representa la reacción patriarcal. Apenas conocido el proyecto el movimiento feminista lo repudio en las redes sociales y ya se está organizando una respuesta callejera.

Las organizaciones feministas no permitiremos, ningún retroceso en nuestros derechos conquistados y decimos: ¡Ni un paso atrás! Desde el 2015 con el #NiUnaMenos demostramos la fuerza que tenemos en las calles y conquistamos en 2020 el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con la movilización independiente de todos los gobiernos patronales. Hicimos historia, fuimos un verdadero tsunami verde en las calles de todo el país, que se expandió por el mundo y que logró conquistar este derecho en Ecuador, Colombia, México, Australia y otros países.

A semanas de un nuevo #8M día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, a las fuerzas del cielo le oponemos la fuerza de la calle, esa fuerza que tiró abajo la ley Ómnibus y que ahora va seguir peleando contra todo el plan de ajuste y represión de Milei y el FMI que afecta especialmente a las mujeres y disidencias que somos quienes recibimos peores salarios, más precarización y quienes sostenemos nuestros hogares económicamente y nos ocupamos de las tareas de cuidado. Más que nunca, este 8M tenemos la enorme tarea de que el movimiento feminista salga a las calles de manera masiva en todo el país, para decir Ni un paso atrás en nuestros derechos. Con Isadora y Disidencias en lucha en Izquierda Socialista/FIT Unidad vamos a participar e impulsar asambleas y espacios de coordinación en todo el país para hacer una gran jornada internacionalista contra la reacción patriarcal de Milei, la ultraderecha y los sectores religiosos oscurantistas. Si soplan fuerte, levantarán olas. Ni un paso atrás, #EsLey

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad  

El Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación, firmó junto a Eduardo Menen y Cristina Guzmán una nota de opinión titulada “2024: año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad” (Infobae, 25/01/24) que exige la derogación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sancionada hace apenas tres años en diciembre del 2020.

En dicha nota, quienes fueran congresales constituyentes en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 sostuvieron que “en la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610, eufemísticamente denominada de interrupción voluntaria del embarazo, cuando lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre”. No es casualidad que aparezcan las formulaciones “niños” y “madre” como sinónimos de embriones y de personas gestantes, respectivamente.

Esta cuestión ya la habíamos advertido en la #LeyÓmnibus cuando Milei propuso modificar la Ley de los Mil Días. En sintonía con los planteos de Barra y compañía, allí se reemplaza el concepto de “personas gestantes” por “madres embarazadas”, eliminando a las disidencias y modifica el inicio de los Mil días que en la ley original comenzaba en la semana doce de embarazo y propone que se inicie desde “la concepción del niño”. Esta modificación, retrotrae un debate ya superado por la ciencia y por la lucha de la #MareaVerde cuando conquistamos el derecho al aborto.

El embate del ultraderechista Milei y de todos los dinosaurios representantes de la reacción patriarcal contra nuestros derechos debemos frenarlo con la movilización feminista. Así como en 2018 logramos la despenalización social del aborto y dos años después la ley, en las calles debemos estar para frenar esta nueva avanzada misógina y antiderechos. Por eso, con Isadora participamos de la asamblea feminista convocada por #NiUnaMenos hacia el paro del 24E y planteamos la necesidad de seguir organizándonos en el camino de construir una gran jornada de lucha unitaria hacia el 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que demuestre la fuerza indiscutible que tenemos las mujeres y disidencias para defender nuestros derechos.

Como lo presagió la feminista francesa, Simone De Beauvoir, quien en 1949 escribía “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”. Así aprendimos a estar en estado de alerta las feministas independientes y combativas, en movimiento y coordinando todas nuestras acciones para que no nos arrebaten ninguna de nuestras conquistas. Sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos: ¡No pasarán!

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Como fiel representante de la reacción patriarcal, el ultraderechista Javier Milei, ataca en primer lugar a las trabajadoras, mujeres y disidencias de los sectores populares. Su plan de ajuste al servicio de favorecer al capital financiero y a las multinacionales, sintetizado en el #Decretazo y la #LeyÓmnibus, nos impacta más porque somos el sector social más empobrecido y las jefas de los hogares más humildes.

Las mujeres y disidencias somos la mayoría entre las personas con menos ingresos y estamos a cargo (muchas veces en soledad) de más del 60% de los niños y niñas que se encuentran bajo la línea de la pobreza.

Somos la mayoría de esos cinco millones de personas que perciben la jubilación y pensión mínima. Ocupamos los trabajos más precarizados y por lo tanto las primeras en las lista de despidos. Muchas somos trabajadoras estatales y como regalo de Navidad recibimos la no renovación de nuestro contrato de trabajo. Somos empleadas en las ramas feminizadas de la economía como salud, educación y limpieza, con sueldos super bajos. El impacto que tiene sobre nosotras y nosotres el plan motosierra de Milei es mayor. Ir al supermercado a comprar lo indispensable es una película de terror y quienes alquilamos la estamos pasando muy, pero muy mal. Techo y comida se volvieron bienes de lujo al punto de ser inalcanzables para las familias trabajadoras. Subió el subte, el boleto de coletivo y se vienen nuevos aumentos de luz, agua y gas pero nuestros sueldos están totalmente devaluados.

Milei contra el #NiUnaMenos y la #MareaVerde

No solamente nos afecta la crisis económica y social, sino que además el gobierno aliado a los sectores más reaccionarios y conservadores pretende arrebatarnos derechos conquistados con la movilización feminista de los últimos años, luchas de impacto internacional como el #NiUnaMenos contra la violencia de género y la #MareaVerde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
En la #LeyÓmnibus que se está debatiendo en el Congreso, Milei propone modificar artículos de la ley de los Mil Días. Aquella que se aprobó el mismo día que se votó el derecho al aborto en diciembre del 2020. La ley de los mil días busca darle una ayuda económica a las personas en situación de vulnerabilidad que decidan continuar su embarazo y que fue una concesión a los sectores religiosos. Con la reforma que propone Milei se cambian dos concepciones allí planteadas. Una, reemplaza el concepto de “personas gestantes” por “madres embarazadas”, eliminando a las disidencias. Otra, modifica el inicio de los mil días que en la ley original comenzaba en la semana 12 de embarazo y propone que se inicie desde “la concepción del niño”. Esta modificación, retrotrae un debate ya superado por la ciencia y por nuestra lucha cuando conquistamos el derecho al aborto. A su vez, elimina el principio de “autonomía progresiva” del Código Civil y Comercial negando la voluntad de quienes con 16 años eligen interrumpir un embarazo no deseado.

También la #LeyÓmnibus propone una modificación a la Ley Micaela y cambia el concepto de “violencia de género” por el de “violencia intrafamiliar”. De esta manera, busca reducir las situaciones de violencia machista al ámbito privado, al seno de la familia, desconociendo que socialmente las mujeres y disidencias sufrimos la opresión patriarcal en todos los ámbitos en los que nos movemos, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las escuelas, etcétera.

24E: Paramos y marchamos

Las mujeres y disidencias que venimos protagonizando la lucha feminista de los ultimos años tenemos que estar presentes en la movilización al Congreso del 24E y junto a la clase trabajadora exigirle a las centrales sindicales un plan de lucha hasta que caiga el #Decretazo, la #LeyÓmnibus y el #Protocolo represivo de Bullrich. Los derechos los conquistamos y los defendemos en las calles por eso el 24E, tenés que estar. Vení con Isadora y Disidencias en Lucha. 

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció que a partir del 1°de enero de este año ya no recibe el aporte económico previsto en la ley 21.950 por la que el Estado les pagaba los sueldos a los arzobispos y obispos de nuestro país. Algunos medios lo levantaron como si se tratara de la separación de la iglesia del Estado, pero no es así. La iglesia católica ya había renunciado a percibir ese dinero - de manera gradual - desde el 2018 mientras se debatía en el Congreso la legalización del aborto. No se trató de un gran sacrificio ya que representaba solo el 10% del presupuesto de la institución. Tardó cuatro años y para compensarlo creó el programa de Financiamiento Eclesial (FE) por el cual recibe donaciones de sus seguidores. De todas maneras, la iglesia católica sigue percibiendo innumerables beneficios impositivos y económicos por parte del Estado que van desde no pagar impuestos por sus inmuebles hasta recibir subsidios que sostienen a sus instituciones educativas religiosas. Es decir, que la iglesia católica sigue siendo beneficiaria de los aportes económicos estatales y de lugares de poder clave que le permite tener incidencia en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, Carlos Torrendell, ex director de la Universidad Católica y miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina, fue nombrado por Javier Milei como el nuevo Secretario de Educación, cartera que depende del ministerio de Capital Humano.

Para avanzar en terminar con los privilegios que recibe esta institución reaccionaria y conservadora es necesario anular los demás decretos/leyes de la última dictadura -no solo uno-  que establecen el financiamiento estatal, como la norma 22.162 de subsidios a los sacerdotes en zonas fronterizas, la ley 22.950 por la que se contribuye a la formación del clero diocesano, entre otras. Eliminar el artículo 2° de la Constitución Nacional mediante el cual se “sostiene a la iglesia católica”. Terminar con el subsidio a las escuelas confesionales, eliminar el artículo 5° de la ley de Educación Sexual Integral por la que se les permite a las instituciones religiosas ir en contra de los avances científicos y de los estudios de género. Es decir, todavía queda mucho recorrido por delante para lograr una verdadera separación de la iglesia del Estado.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El artículo 348 del proyecto de #LeyÓmnibus que el gobierno envió al Congreso plantea la derogación de la Ley 24.515, la misma que en su momento creo el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Tal como escribió Flor de la V en su columna del 18/12/23 en el diario  Página 12, “Si bien los recursos del organismo no son suficientes para combatir los diferentes hechos discriminatorios que sufren a diario cientos de personas, es un lugar esencial en la lucha para lograr vivir en una sociedad más igualitaria.”

Las trabajadoras y trabajadores del Inadi acompañan muchas de las denuncias por discriminación que llegan al Instituto (la inmensa mayoría no llega a esta instancia) y le ponen el cuerpo pese a la precarización de sus condiciones laborales y la falta de presupuesto. El especial ataque del ultraderechista Milei, que propone cerrar el Inadi), tiene como objetivo frenar la visibilización del colectivo LGBTQ+. Colectivo que en los últimos años viene obteniendo conquistas con la movilización en el marco de la cuarta ola de lucha feminista. La última marcha del Orgullo en Buenos Aires, que reunió a decenas de miles en noviembre pasado, expresó con carteles y cantos alusivos que la lucha contra la discriminación y la pelea por la implementación del cupo laboral travesti-trans están más vigentes que nunca. Debemos ser miles en las calles el próximo 24E para decirle al homo/trans odiante de Milei que sobre nuestras conquistas, ¡NO pasarán!